El 8 de abril la asamblea triestamentaria de la sede de Bogotá aprobó por unanimidad la realización de un paro en la universidad nacional. Paulatinamente se han sumando las demás sedes de la universidad, Manizales, Palmira y Medellín, aumentando con eficacia la fuerza del movimiento universitario. Los objetivos del paro buscan frenar las nuevas medidas privatizadoras y represivas de Uribe Vélez sobre la educación superior.
El propósito inicial es el rechazo al Estatuto Estudiantil recientemente aprobado, en su parte académica, por el uribismo que conforma la mayoría en el Consejo Superior Universitario. Esta parte desarrolla lo concerniente a los estudiantes de la antidemocrática Reforma Académica: impone un "cupo de créditos", que en concordancia con la reforma, oscilaría entre 100 y 160 créditos, sistema que implica el riesgo de cobrar por créditos y no por matrícula, aumentando los costos en la universidad, incluye la pérdida de la calidad de estudiante cuando se agote el cupo de créditos sin interesar el semestre que este cursando y existe la posibilidad de reducir la duración de las carreras mediante la nueva estructura de créditos.
A lo académico se suma una reglamentación nugatoria de libertades y derechos democráticos.Entre las medidas adoptadas esta el establecimiento de un régimen disciplinario que define como una alteración del orden, que puede dar lugar a la expulsión del estudiante, la realización de todo tipo de actividad de resistencia civil o libertad de expresión crítica en la universidad. Bajo el pretexto de la "convivencia y el orden" ahondan la política de seguridad democrática en la Universidad para tratar de acallar un tradicional frente de resistencia civil a la política imperialista. Para profundizar la política neoliberal en Colombia tienen que acallar a la Universidad Nacional.
La segunda finalidad del paro es el rechazo a un nuevo esquema de seguridad en la sede de Bogotá. Buscan hacer inversiones en tecnología que sustituyan la actual planta de celadores, para establecer un sistema de vigilancia de alta tecnología con cámaras y computadores, así como la instalación de postes de teléfonos en las 6 zonas en las que se dividiría la universidad para facilitar la represión del movimiento estudiantil.En tercer lugar se exige una postura autónoma de la universidad para rechazar la concurrencia al pago del pasivo pensional.
Mientras la totalidad de la comunidad universitaria esperaba el decreto reglamentario se profirió la Ley 1169 de 2007 –Ley de Presupuesto- que compromete 100.000 millones de los 500.000 que por Ley 30 de 1992 se destinaban para funcionamiento. Por último existe una postura crítica ante la reforma académica que implementa las competencias en los currículos de las carreras afectando la autonomía universitaria.La Administración sólo ha recurrido a la mentira y al autoritarismo para defender sus postulados.
Declaraciones de directivos de la Universidad que señalan que "se han consultado a todos los sectores de la universidad", omiten que los estudiantes hemos organizado una consulta cercana a los 13.000 participantes que optaron por tres decisiones: rechazar el procedimiento y contenido del actual estatuto estudiantil y comprometerse en la elaboración democrática de uno nuevo.
A eso se suma la orden de cierre de la sede de Bogotá que apunta con claridad a dispersar el movimiento, creemos que la universidad es de la nación colombiana y no puede ser cerrada como una empresa privada. Estas son pruebas fehacientes de la debilidad que comienza a mostrar tan ingente arremetida.El objetivo fundamental del Gobierno es adecuar la educación superior al libre comercio que le dará paso a las transnacionales de la educación superior y a las universidades corporativas.
Participemos masivamente en las actividades de paro, en las asambleas, movilizaciones y actividades culturales programadas por el movimiento, rechazando el modelo de una educación pobre para pobres que desean imponernos. Defendamos una universidad nacional, al servicio del país, científica al impartir los altos contenidos científicos de cada materia y democrática, puesta en beneficio de la población colombiana y en cuyo claustro se hagan eficaces las libertades y los derechos esenciales.
