Gracias a la Defensoría del Pueblo, estudiantes de las universidades públicas bogotanas y otras dos privadas, más vigilados que nunca. ¿Cómo ocurrió todo? Se revelan los documentos clave.G.A.C.R.
La Defensoría del Pueblo, ente del Ministerio Público, impulsó hacia el año 2002 un mecanismo de seguridad llamado Sistema de Alertas Tempranas (SAT), el cual es coordinado por la Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del Conflicto Armado. Esta dependencia constantemente rinde informes de riesgo desde entonces, para mirar supuestamente qué tipo de población civil puede ser víctima de la confrontación armada. Todo ello bajo la figura del SAT.
"El SAT elabora un documento denominado Informe de Riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; su emisión es el resultado de un proceso de verificación y análisis de información; de valoración de las amenazas y dinámicas que caracterizan la confrontación armada en una región…" Esto se lee en la página Web de la Defensoría del Pueblo. Parece ser un proceso exhausto, de valoración y análisis de la información, según lo que se ve. Pero esto no pareció realizarse en la elaboración del Informe de Riesgo No. 048-06, diciembre 15 de 2006, que conllevó a que el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), colectivo encargado de valorar el Informe de Riesgo, criminalizara aún más a cada uno de los estudiantes de cinco universidades de Bogotá, incluyendo, por supuesto, las tres públicas. Esto se demostrará a lo largo del presente artículo.
Lo que dice el Informe.
El Informe de Riesgo No. 048-06, documento firmado por Darío Mejía Villegas, Defensor Delegado para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como consecuencia del Conflicto Armado (E), explicita varios puntos de debate y fuertemente controversiales.
El primer punto se denomina "Localización Geográfica del Riesgo". Allí se nombran cinco zonas de la capital "en riesgo": Campus universitario UNAL; la Perseverancia y la Macarena (lugar donde está ubicada la Facultad de Ciencias y Educación de la UD); La Porciúncula (sede de la UPN); Cantón Norte y Nueva Candelaria en Ciudad Bolívar, donde está ubicada la sede Tecnológica de la UD.
El segundo punto se titula "Población en situación de Riesgo": "60.000 personas pertenecientes a la comunidad universitaria de la universidades públicas con sede en Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Universidad Militar Nueva Granada".
En un tercer momento, el Informe hace la "Descripción del Riesgo", donde se coloca de manifiesto que las FARC-EP, el ELN y los grupos paramilitares que hacen presencia en Bogotá, son los responsables de la situación de riesgo expuesta. El texto dice textualmente que estos grupos tratan de "capitalizar en su favor, los variados conflictos sociales, que se presentan en la ciudad, con el propósito de aumentar su base social y su presencia política". Y que esto se realiza mediante amenazas, bombas, homicidios, etc., según el SAT. Así, el Informe coloca seis argumentos que justifican esta amenaza; son los siguientes, analizados en detalle:
1. Carro bomba del barrio Gaitán: El Informe no explica la situación ni el contexto del carro bomba. En primer lugar es una justificación endeble, pues la localización geográfica del carro no corresponde a la zona de riesgo en cuestión. Lo que da a entender que este argumento (aunque no tenga nada que ver) se coloca para justificar la incursión en las universidades. También al SAT se le olvidó decir que el atentado, ocurrido en la carrera 45 con calle 75, el 31 de julio de 2006, fue un auto-atentado: El SAT no cotejó mucho la información, y, a pesar de que el Informe es del 15 de diciembre, antes, el 12 de septiembre, se develó que varios militares fueron los que ocasionaron el atentado y el asesinato de una persona (pues murió allí José Antonio Vargas, un reciclador de la zona), acusando a las FARC de haber colocado el carro. El mismo comandante del Ejército, general Mario Montoya, aceptó en rueda de prensa del 7 de septiembre, que "el reciente atentado con un carro bomba en el que resultaron heridos varios soldados (20) y muerto un ciudadano, que fue atribuido en su momento a grupos al margen de la ley (…) al parecer no corresponde a la realidad".
Un día después, Montoya aceptó completamente, que grupos al margen de la ley no perpetraron el crimen. Pues bien, como se ve, esta situación que expone el SAT en su Informe no es pertinente, más cuando, a pesar de tener tiempo y recursos, omitieron datos de fundamental importancia.
2. Carro bomba en la Universidad Militar: Ocurrido el 19 de octubre de 2006. El Informe acusa a la insurgencia de este acto, a pesar de que, prácticamente la misma semana del atentado, salieron a flote sospechas de militares involucrados. Un hombre "vestido con el uniforme de la Armada Nacional", fue quien dejó el carro aparcado ese día en la institución, según lo dice Juan Manuel Santos, ministro de Defensa, basado en las cámaras de seguridad que captaron el momento. Por este hecho, Farid Motta, ex guerrillero detenido en La Picota, acusó a seis oficiales de haber planeado el atentado, no sólo éste, sino también el del barrio Gaitán. Motta, días antes del sino trágico de la U. Militar advirtió, predijo: "Se preparan nuevos montajes de atentados en la capital, para darle credibilidad a los de antes". Las FARC, por su lado, el 5 de octubre, vía Internet, denunciaron que los militares fabrican atentados para obtener ascensos. Un hecho que deja dudas en el ambiente, y del cual muchos nudos están sueltos.
Estos dos hechos dejan sin fundamento lo que trata de justificar el SAT en el Informe. Téngase en cuenta que los seis oficiales acusados por Motta y llamados a declarar (capitán Luís Eduardo Barrero, mayor Javier Efrén Hermida, los dos pertenecientes a la sección de inteligencia de la XIII Brigada; coronel Juan Carlos Forero Linares, director administrativo de la Central de Inteligencia Conjunta; coronel Horacio Arbeláez Sarmiento, director Central de Inteligencia Conjunta; capitán Antonio Neira González, encargado de la Oficina de Control de gastos reservados; y el coronel Juan Carlos Estévez, comandante Batallón de Infantería No. 38), participaron en los atentados que sembraron pánico días antes de la segunda posesión de Uribe: se disminuyeron en un 93% los actos terroristas, el 7% restante lo hizo el propio Ejército.
3. La supuesta bomba en la Universidad Distrital: El Informe dice que esta alarma ocurrió el martes 24 de octubre de 2006. En realidad, sucedió el lunes 23 de octubre; Ese día se allanó la universidad, sede Macarena, por parte de escuadrones para- estatales, DAS y policía anti explosivos, sobretodo, con la excusa de que se había recibido una llamada telefónica de emergencia.
4. La supuesta bomba en la Universidad Nacional: El Informe no explica detalladamente la situación. Fue una alarma originada en Química, muy parecida a la de la Universidad Distrital, donde no se lograron comprobar nexos con grupos al margen de la ley, pero que estuvo vigilada, según denuncias de los estudiantes, por el mismo escuadrón de la Fuerza Disponible y funcionarios de la universidad.
5. Correos electrónicos amenazantes: En la Universidad Nacional. En las cuatro anteriores situaciones no aparecen los grupos armados a los que se hace referencia en el Informe, como directos responsables de las acciones descritas, pero pese a ello, el Informe trata de justificar la incursión de agentes de contra inteligencia militar, porque allí se involucran los grupos subversivos y paramilitares. El Informe, en este punto, hace un recuento de los hechos ocurridos en la Universidad Nacional. Uno de los más significativos es la amenaza del 18 de abril de 2006, a cinco estudiantes y un profesor, de la maestría en Genética, por parte de "grupos provenientes del paramilitarismo". Si se mira más allá del Informe, es necesario tener en cuenta que la Universidad Nacional, en cabeza del Instituto de Genética (de donde eran miembros los amenazados), y Medicina Legal, apoyan a la Fiscalía en la identificación de víctimas en 40 fosas comunes de los paramilitares. De ahí la amenaza que, entre otras cosas, proviene del Bloque Bogotá, grupo que no es identificado en el Informe, a pesar de que las investigaciones así lo atribuyen; en vez de ello, colocan otros grupos paramilitares "Fuente de la amenaza": Autodefensas Campesinas Nueva Generación, Frente Democrático Colombia Libre, Autodefensas Campesinas Carlos Castaño, Autodefensas Unidas de Colombia, Autodefensas Campesinas de Colombia y AUC Bloque Capital (que también firma en la amenaza por correo electrónico).
6. La desaparición y posterior ejecución de dirigentes sociales: A pesar de que el SAT hace un recorrido de hechos sucedidos en el 2006 en la UN., deja un rastro abismal de baches. Por ejemplo, se le olvida decir que el 8 de marzo del año 2006, asesinaron allí a un estudiante de la Distrital, y todo parece indicar que fueron miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Cosa que el mismo Informe reconoce: "(el ESMAD) es influenciado por este tipo de informaciones" (el quehacer académico, la protesta y la manifestación, por la polarización del conflicto, emiten un mensaje equivocado).
Seis situaciones que se presentan, y sólo una, las amenazas por correo electrónico, parece estar en concordancia con el Informe de Riesgo presentado; un informe que fue enviado al CIAT, para que se emitiera una "alerta temprana".
Lo que dijo el CIAT.
El CIAT está conformado por delegados de la Jefatura de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, de la Dirección de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea, del Departamento Administrativo de Seguridad, del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, y de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Es decir, los Informes pasan por las fuerzas que están involucradas en violaciones a los derechos humanos, una paradoja excepcional del país endosado al sagrado corazón. El papel de la Defensoría del Pueblo en este punto tiene varios interrogantes y contradictores. Muchos creen que los estudiantes o manifestantes, en una actividad de protesta, están protegidos por Defensoría del Pueblo, pero, debido a su forma de operar, generan desconfianza en varios sectores, y es que algunos hechos donde parece primar el llamado "orden público" sobre las reclamaciones de la masa lo demuestran…
El documento OFI 07-335- ATO- 0700, fechado el 10 de enero de 2007, dirigido a Volmar Pérez, Defensor del Pueblo Nacional, da cuenta de la reunión del CIAT acaecida el 20 de diciembre de 2006. En referencia al Informe No. 048-06, el CIAT "decidió considerar el Informe de Riesgo como una Alerta Temprana", y "recomienda" al alcalde mayor de Bogotá, al comandante de la XIII Brigada del Ejército, al director operativo de la Policía Nacional, al director del DAS, y al secretario de Educación Distrital (Abel Rodríguez, en ese momento, miembro del Consejo Superior Universitario, máximo ente de la UD), entre otras cosas, "se continúen desarrollando las labores de contra inteligencia convenientes que permitan la identificación, captura y judicialización de los responsables directos de accionar los planes de socialización, captación y reclutamiento de integrantes de la comunidad universitaria en general, a los objetivos ilegales y violentos de los grupos armados ilegales". Es decir, que la "Población en Situación de Riesgo", explicada al principio del Informe del SAT, todos los estudiantes de esas cinco universidades, son investigados como presuntos culpables, no como presuntos inocentes. Cada uno de nosotros es un terrorista en formación, que tiene como arma una maleta y muchas ideas por explotar.
Ahora bien: por su lado, pero coordinado por la Defensoría, se creó una "Mesa de Trabajo en Prevención Humanitaria", el 22 de enero de 2007, por rectores, vicerrectores y directores de Bienestar, de las universidades implicadas, más el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República, perdón, Colombia. Una mesa que es necesario tener en cuenta, pues ahí hablan de nosotros, sin nuestros voceros, y peor aún, de una forma criminal.
Conclusión.
A manera de conclusión, transmito lo que escribe Iván David Ortiz Palacios (profesor de la UN), en un artículo titulado "El Sistema de Alertas Tempranas como mecanismo de guerra", que circula por Internet: "La sistematización de información, el control de la población, el censo completo de actividades, entradas y salidas de la zona, son inútiles para impedir masacres, atentados, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. Lo que sí han proporcionado son datos exactos para ubicar mejor a sus víctimas…" Es esto lo que el SAT ha hecho, suministrar datos esenciales a las Fuerzas Armadas para que estos sitúen mejor a los estudiantes que conforman grupos sociales, políticos, etc., al interior de la U, y desarticular esos procesos de una forma cualitativa. El SAT seguirá proporcionando datos si se deja entrometer a los funcionarios de la Defensoría en las justas reivindicaciones estudiantiles y, por ende, del pueblo.
Ortiz, en la revista Sindicatos, diciembre de 1998, explica un fenómeno que se dio en Puerto Boyacá, donde, a partir de otro mecanismo de supuesta protección, se adoptaron acciones, que "se concretaron en la instauración de métodos de control de residencia y circulación; la carnetización clasificó a los ciudadanos; se estableció el control de mercancías y comerciantes; los resultados de estos métodos de protección fueron la extralimitación de funciones de la fuerza pública y el recrudecimiento de la represión". Algo parecido, en sus justas dimensiones, es lo que está ocurriendo ahora; la universidad pública, centro de debate y cambio político, amedrentada y disuelta por la represión estatal. Es necesario estar alerta.
