Gustavo Triana
Comité Ejecutivo de la CUT
Tribuna Roja Nº 105
Bogotá, octubre 8 de 2007
Comité Ejecutivo de la CUT
Tribuna Roja Nº 105
Bogotá, octubre 8 de 2007
La venta de las acciones profundiza la dilapidación del patrimonio de los colombianos, simbolizado en la pujanza alcanzada por Ecopetrol, la mayor y más rentable empresa del país. En 2006 alcanzó utilidades de 3.39 billones de pesos e hizo transferencias al Estado por 9.6 billones.La imposición de políticas neoliberales en materia de hidrocarburos ha significado la regresión a la oprobiosa situación existente antes de 1951, cuando el petróleo se lo apropiaban en un ciento por ciento las empresas extranjeras a través del sistema de concesiones. En ese año se logró la primera reversión de una concesión, la De Mares en Barrancabermeja, y con ella nació Ecopetrol.
La empresa estatal logró iniciar la década de los noventa como una de las petroleras más importantes de América Latina. Producía en forma directa más de 25% del crudo y el gas del país y participaba con 50% de la parte restante mediante la asociación con multinacionales; tenía el monopolio sobre la refinación, el transporte de derivados y de gas natural, y la administración de las cuencas hidrocarburíferas; participaba en la distribución y comercialización a través de los Terpeles; incursionó en petroquímica y comercialización de gas, como accionista de Monómeros, Ferticol S.A., Gas Oriente, Gas Natural e Invercolsa, entre otras.
Los presidentes del periodo neoliberal, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe, han cumplido a cabalidad el designio de favorecer a las multinacionales en detrimento del interés nacional. Iniciaron con la venta de 48% que Ecopetrol tenía en los Terpeles; prosiguieron con las acciones de Promigas, Gas Oriente, Gases de Barrancabermeja, Gas Natural de Bogota e Invercolsa; la despojaron de la infraestructura de transporte de gas, cuyo costo se calculó en 900 millones de dólares, para crear a Ecogas y luego privatizarla; de manera sistemática se modificaron las condiciones económicas de los contratos de asociación con las multinacionales hasta adoptar nuevamente los términos de las concesiones, modalidad con la que irrumpieron, a principios del siglo pasado, la Troco y la Colpet en los campos de Barrancabermeja y Tibú.
Pero Uribe ha sido el campeón del servilismo. Con el decreto 1760 de 2003 escindió de Ecopetrol las cuencas sedimentarias para crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y allanar el camino para regresar a los contratos de concesión, en los que las multinacionales se apropian del recurso. Se negó a recibir los campos de gas de ChevronTexaco en Guajira y los de crudo de Caño Limón y Sabana de Torres, de la Oxy. En ambos casos, en contravía del interés nacional, les prorrogó los contratos hasta la extinción de los yacimientos. Con este pérfido proceder la nación perdió cientos de millones de dólares. Contra toda conveniencia, y comprometiendo la seguridad energética nacional, vendió 51% de la refinería de Cartagena a Glencore, so pretexto de que el gobierno no tenía los 500 millones de dólares necesarios para aumentar su capacidad de 75.000 a 140.000 barriles día. Esta venta se hizo a pesar de que el margen de utilidad por barril refinado es de cuatro dólares y que aumenta sustancialmente con la ampliación y modernización. Ante el clamor de sindicatos, congresistas y personalidades para que el proyecto se financiara con parte de los mil millones de dólares que Ecopetrol tenía en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP, Álvaro Uribe, el presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se negaron porque, según ellos, se afectaban las finanzas nacionales y se disparaba el gasto público; sin embargo, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo trasladó la plata del FAEP al presupuesto general de la nación seguramente para dilapidarla en clientelismo.
La Ley 1118 de 2006 aprobó la venta de acciones de Ecopetrol. Por ahora está en el mercado el 10%, de ellas. Esta decisión violó el Acta de Acuerdo que puso fin a la huelga de la USO de 2004, que garantizaba la propiedad estatal de la empresa, y que fue firmada por el ministro de Minas y el presidente de Ecopetrol con la Conferencia Episcopal como garante. La operación es por demás sospechosa: el actual presidente de la empresa, Javier Gutiérrez, ha prometido un rendimiento de 42% en el primer año, lo que solo es posible si las acciones están subvaloradas, como en efecto lo han denunciado los senadores Hugo Serrano y Jorge Robledo. Igual ocurrió con las de ISA.
El Gobierno dice que con esto busca la democratización de la propiedad de la empresa y su capitalización para nuevos proyectos, pretendiendo ocultar que se trata es de privatizar el patrimonio público más importante de los colombianos y maniobrar para que las multinacionales se sigan apropiando de la industria petrolera nacional, y que tan solo una ínfima parte de las acciones podrá ser comprada por el ciudadano corriente, pues el 10% vale 5.2 billones de pesos, lo que no está al alcance de cualquier persona. Tan es así que el otro 10% que tienen previsto vender en la segunda ronda, ya no será en el país sino en la bolsa de Nueva York.
Esconden, a sabiendas, que la manera democrática de manejar la riqueza petrolera no es otra que la nacionalización de los yacimientos, la refinación, la distribución y el transporte de los hidrocarburos, de tal manera que la renta sea manejada por el fisco nacional; lo demás es privatización y privilegios para la oligarquía y el imperialismo.Los trabajadores han resistido con valentía la violenta ofensiva de las multinacionales y el uribismo. Por momentos su lucha ha frenado la arremetida, pero se hace necesario juntarla con los demás pleitos populares y poder recobrar la soberanía sobre los hidrocarburos para ponerlos al servicio del desarrollo nacional y el bienestar de su población.
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