Medellín, septiembre 11 de 2007
Señor Presidente Doctor Alvaro Uribe Vélez
Por medio de la presente, pongo en conocimiento suyo lo siguiente:ALBERTO JIMENEZ MORANTES y JACKELINE GÓMEZ VARGAS, funcionarios de la fiscalía general de la nación, me ofrecieron, en nombre de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,en el mes de agosto del presente año, en la CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD DE ITAGÜÍ, beneficios como rebaja de condena, protección de testigo y ubicación de familia, a cambio de información sobre la autoría intelectual del Presidente de la República Alvaro Uribe en un atentado contra Rene, ex miembro de las AUC, en el mes de septiembre de 2003.
Mi defensor se comunicó con los citados Jiménez y Gómez y se concertó una cita personal en la ciudad de Medellín, la cual se realizó el pasado 10 de septiembre del año en curso, en el palacio de justicia, piso 21, en el despacho de la Fiscalia 8a. Especializada. A la reunión asistimos IVAN VELASQUEZ, magistrado auxiliar de la Corte, una señora de la cual no recuerdo el nombre, mi defensor y yo.
El citado Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, me ratifico el ofrecimiento de los beneficios a que aludieron los funcionarios de la fiscalía, siempre y cuando vinculara al presidente Alvaro Uribe y a Ernesto Garcés Soto al atentado contra Rene, ex comandante de las Auc en el suroeste de Antioquia, lo mismo que declarara en contra de Mario Uribe, senador, sobre el apoyo a grupos paramilitares en la zona del suroeste de Antioquia.
Mi defensor anunció que se comunicaría con el magistrado Iván Velásquez, quien le dio un número telefónico, el cual suministraré si fuere necesario. Mi preocupación, señor presidente, es que el señor Velásquez, según me parece, lo quiere perjudicar. Es lo único que le interesa. A cambio entrega lo que sea.
JOSE ORLANDO MONCADA ZAPATA
cc. 98451762
Fuente: Caracol.
viernes, 19 de octubre de 2007
COLAPSO EN LA SALUD.
Marcela Vélez
Tribuna Roja Nº 105
Bogotá, octubre 8 de 2007.
En el transcurso del 2007, y como consecuencia de todas las políticas neoliberales implementadas desde 1993 con la expedición de la Ley 100, los colombianos hemos sido golpeados por el cierre de las clínicas del Instituto del Seguro Social, ISS, y la liquidación de su EPS, así como por el cierre y crisis de la red pública hospitalaria.
El ISS es la institución que mejor expresa la suerte de las mayorías perdedoras con el nuevo sistema de salud. Hace catorce años el Estado arremetió contra el ISS, que vinculaba a casi el 23% de la población, seis millones de trabajadores, para montar un negocio que lucrara al sector financiero. La campaña de desprestigio, la prohibición de nuevas afiliaciones, el mal manejo por parte del gobierno, entre otras medidas, generaron los problemas del ISS. La migración masiva de afiliados sanos y jóvenes a las EPS privadas provocó que en el ISS permanecieran el 80% de los pacientes con enfermedades de alto costo, que le cuestan $350.000 millones mensuales, y los pacientes de edad avanzada, que hoy representan 24% del total de sus afiliados. Además cambió la composición nacional del aseguramiento; hoy tenemos tres millones de afiliados en el ISS y 9.2 millones en EPS privadas. Empatando una medida con la otra, en el año 2003 el presidente Uribe y su ministro Palacios obligaron al ISS a dividirse en siete Empresas Sociales del Estado (ESE), quitándole su propia red de servicios, 37 clínicas y 204 centros de atención ambulatoria. Estas nuevas ESE corrieron la misma suerte que la red pública hospitalaria, la que hoy se encuentra cerrada o colapsada como lo evidencian los hospitales San Juan de Dios, Universitario de Caldas, el de Cartagena y muchos otros de menor nivel.
Ante la falta de pago por parte del Estado a estas ESE por la población vinculada atendida y la histórica deuda del gobierno nacional al Seguro Social, que en cálculos asciende a 70 billones de pesos, estas instituciones han sido llevadas a un punto de no viabilidad financiera.
En el proceso de liquidación de la EPS ISS, el pasado sábado 25 de agosto el ministro de la Protección Social, Diego Palacios, arremetió contra la ESE Luis Carlos Galán, asistió personalmente a la expulsión a la calle de los trabajadores de las clínicas San Pedro Claver, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero, la del Niño y otros 17 centros de atención ambulatoria vinculados al ISS en Bogotá, donde se atiende a unos 800 mil pacientes. Así como se había hecho en octubre del año pasado con las clínicas José María Campo Serrano, de Santa Marta, Enrique de la Vega, de Cartagena, y Los Andes, de Barranquilla, parte de la liquidada ESE José Prudencio Padilla y luego con la ESE Rafael Uribe Uribe en Antioquia, con el ISS en Duitama, Villavicencio, Ibagué y Sogamoso, así se hará con las ESE Rita Arango Álvarez del Pino y Antonio Nariño, lo que afectará a Manizales, Armenia, Pereira, Popayán, Pasto y Cali.
La masacre laboral ha sido y será aterradora en el ISS: los más de 12.000 trabajadores de las clínicas, centros de atención, de pensiones y riesgos profesionales, engrosarán las filas del desempleo y correrán la misma suerte que los trabajadores despedidos de los hospitales públicos, de Telecom, la Caja Agraria y las instituciones que han sido blanco de la política neoliberal.
En medio de la política de cierre de hospitales están millones de pacientes que no tienen institución a donde acudir, o solo cuentan con una atención inoportuna y de mala calidad. La liquidación del ISS, que cuesta alrededor de 800 mil millones de pesos, es de entrada una sentencia de muerte para los 45.000 enfermos de alto costo, que son rechazados por las otras EPS.
Lo más aberrante de todo esto es que Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor gasto en salud: alrededor de 16 billones de pesos se mueven en este sistema; dinero suficiente para dar cobertura universal, gratuita y de excelente calidad. Pero en la Ley 1122 de 2007, que reformó la Ley 100, en lugar de redistribuir los recursos y eliminar la intermediación financiera, que se lucra de la enfermedad de los colombianos, lo que hizo Uribe fue aumentar el dinero en el sistema para garantizarles e incluso mejorarles el negocio a las EPS.
Las EPS privadas se consolidan como grandes empresas en el país y sus utilidades siguen aumentando. Mientras tanto, la salud de los colombianos se deteriora cada día más, existe menor acceso real a los servicios, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud son más precarias y hay un mayor atraso tecnológico y de infraestructura.
La organización, la educación y la movilización de los usuarios del ISS y del pueblo en general son necesarias, y quizás el único camino para lograr un adecuado sistema de salud, de cobertura total, gratuito y de excelente calidad. La indeferencia frente a esta problemática es cohonestar con el gobierno uribista y permitir que nos arrebaten un derecho esencial, el de la salud.
Tribuna Roja Nº 105
Bogotá, octubre 8 de 2007.
En el transcurso del 2007, y como consecuencia de todas las políticas neoliberales implementadas desde 1993 con la expedición de la Ley 100, los colombianos hemos sido golpeados por el cierre de las clínicas del Instituto del Seguro Social, ISS, y la liquidación de su EPS, así como por el cierre y crisis de la red pública hospitalaria.
El ISS es la institución que mejor expresa la suerte de las mayorías perdedoras con el nuevo sistema de salud. Hace catorce años el Estado arremetió contra el ISS, que vinculaba a casi el 23% de la población, seis millones de trabajadores, para montar un negocio que lucrara al sector financiero. La campaña de desprestigio, la prohibición de nuevas afiliaciones, el mal manejo por parte del gobierno, entre otras medidas, generaron los problemas del ISS. La migración masiva de afiliados sanos y jóvenes a las EPS privadas provocó que en el ISS permanecieran el 80% de los pacientes con enfermedades de alto costo, que le cuestan $350.000 millones mensuales, y los pacientes de edad avanzada, que hoy representan 24% del total de sus afiliados. Además cambió la composición nacional del aseguramiento; hoy tenemos tres millones de afiliados en el ISS y 9.2 millones en EPS privadas. Empatando una medida con la otra, en el año 2003 el presidente Uribe y su ministro Palacios obligaron al ISS a dividirse en siete Empresas Sociales del Estado (ESE), quitándole su propia red de servicios, 37 clínicas y 204 centros de atención ambulatoria. Estas nuevas ESE corrieron la misma suerte que la red pública hospitalaria, la que hoy se encuentra cerrada o colapsada como lo evidencian los hospitales San Juan de Dios, Universitario de Caldas, el de Cartagena y muchos otros de menor nivel.
Ante la falta de pago por parte del Estado a estas ESE por la población vinculada atendida y la histórica deuda del gobierno nacional al Seguro Social, que en cálculos asciende a 70 billones de pesos, estas instituciones han sido llevadas a un punto de no viabilidad financiera.
En el proceso de liquidación de la EPS ISS, el pasado sábado 25 de agosto el ministro de la Protección Social, Diego Palacios, arremetió contra la ESE Luis Carlos Galán, asistió personalmente a la expulsión a la calle de los trabajadores de las clínicas San Pedro Claver, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero, la del Niño y otros 17 centros de atención ambulatoria vinculados al ISS en Bogotá, donde se atiende a unos 800 mil pacientes. Así como se había hecho en octubre del año pasado con las clínicas José María Campo Serrano, de Santa Marta, Enrique de la Vega, de Cartagena, y Los Andes, de Barranquilla, parte de la liquidada ESE José Prudencio Padilla y luego con la ESE Rafael Uribe Uribe en Antioquia, con el ISS en Duitama, Villavicencio, Ibagué y Sogamoso, así se hará con las ESE Rita Arango Álvarez del Pino y Antonio Nariño, lo que afectará a Manizales, Armenia, Pereira, Popayán, Pasto y Cali.
La masacre laboral ha sido y será aterradora en el ISS: los más de 12.000 trabajadores de las clínicas, centros de atención, de pensiones y riesgos profesionales, engrosarán las filas del desempleo y correrán la misma suerte que los trabajadores despedidos de los hospitales públicos, de Telecom, la Caja Agraria y las instituciones que han sido blanco de la política neoliberal.
En medio de la política de cierre de hospitales están millones de pacientes que no tienen institución a donde acudir, o solo cuentan con una atención inoportuna y de mala calidad. La liquidación del ISS, que cuesta alrededor de 800 mil millones de pesos, es de entrada una sentencia de muerte para los 45.000 enfermos de alto costo, que son rechazados por las otras EPS.
Lo más aberrante de todo esto es que Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor gasto en salud: alrededor de 16 billones de pesos se mueven en este sistema; dinero suficiente para dar cobertura universal, gratuita y de excelente calidad. Pero en la Ley 1122 de 2007, que reformó la Ley 100, en lugar de redistribuir los recursos y eliminar la intermediación financiera, que se lucra de la enfermedad de los colombianos, lo que hizo Uribe fue aumentar el dinero en el sistema para garantizarles e incluso mejorarles el negocio a las EPS.
Las EPS privadas se consolidan como grandes empresas en el país y sus utilidades siguen aumentando. Mientras tanto, la salud de los colombianos se deteriora cada día más, existe menor acceso real a los servicios, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud son más precarias y hay un mayor atraso tecnológico y de infraestructura.
La organización, la educación y la movilización de los usuarios del ISS y del pueblo en general son necesarias, y quizás el único camino para lograr un adecuado sistema de salud, de cobertura total, gratuito y de excelente calidad. La indeferencia frente a esta problemática es cohonestar con el gobierno uribista y permitir que nos arrebaten un derecho esencial, el de la salud.
LA VENTA DE ACCIONES DE ECOPETROL PARA CUMPLIRLE AL IMPERIAL...
Gustavo Triana
Comité Ejecutivo de la CUT
Tribuna Roja Nº 105
Bogotá, octubre 8 de 2007
Comité Ejecutivo de la CUT
Tribuna Roja Nº 105
Bogotá, octubre 8 de 2007
La venta de las acciones profundiza la dilapidación del patrimonio de los colombianos, simbolizado en la pujanza alcanzada por Ecopetrol, la mayor y más rentable empresa del país. En 2006 alcanzó utilidades de 3.39 billones de pesos e hizo transferencias al Estado por 9.6 billones.La imposición de políticas neoliberales en materia de hidrocarburos ha significado la regresión a la oprobiosa situación existente antes de 1951, cuando el petróleo se lo apropiaban en un ciento por ciento las empresas extranjeras a través del sistema de concesiones. En ese año se logró la primera reversión de una concesión, la De Mares en Barrancabermeja, y con ella nació Ecopetrol.
La empresa estatal logró iniciar la década de los noventa como una de las petroleras más importantes de América Latina. Producía en forma directa más de 25% del crudo y el gas del país y participaba con 50% de la parte restante mediante la asociación con multinacionales; tenía el monopolio sobre la refinación, el transporte de derivados y de gas natural, y la administración de las cuencas hidrocarburíferas; participaba en la distribución y comercialización a través de los Terpeles; incursionó en petroquímica y comercialización de gas, como accionista de Monómeros, Ferticol S.A., Gas Oriente, Gas Natural e Invercolsa, entre otras.
Los presidentes del periodo neoliberal, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe, han cumplido a cabalidad el designio de favorecer a las multinacionales en detrimento del interés nacional. Iniciaron con la venta de 48% que Ecopetrol tenía en los Terpeles; prosiguieron con las acciones de Promigas, Gas Oriente, Gases de Barrancabermeja, Gas Natural de Bogota e Invercolsa; la despojaron de la infraestructura de transporte de gas, cuyo costo se calculó en 900 millones de dólares, para crear a Ecogas y luego privatizarla; de manera sistemática se modificaron las condiciones económicas de los contratos de asociación con las multinacionales hasta adoptar nuevamente los términos de las concesiones, modalidad con la que irrumpieron, a principios del siglo pasado, la Troco y la Colpet en los campos de Barrancabermeja y Tibú.
Pero Uribe ha sido el campeón del servilismo. Con el decreto 1760 de 2003 escindió de Ecopetrol las cuencas sedimentarias para crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y allanar el camino para regresar a los contratos de concesión, en los que las multinacionales se apropian del recurso. Se negó a recibir los campos de gas de ChevronTexaco en Guajira y los de crudo de Caño Limón y Sabana de Torres, de la Oxy. En ambos casos, en contravía del interés nacional, les prorrogó los contratos hasta la extinción de los yacimientos. Con este pérfido proceder la nación perdió cientos de millones de dólares. Contra toda conveniencia, y comprometiendo la seguridad energética nacional, vendió 51% de la refinería de Cartagena a Glencore, so pretexto de que el gobierno no tenía los 500 millones de dólares necesarios para aumentar su capacidad de 75.000 a 140.000 barriles día. Esta venta se hizo a pesar de que el margen de utilidad por barril refinado es de cuatro dólares y que aumenta sustancialmente con la ampliación y modernización. Ante el clamor de sindicatos, congresistas y personalidades para que el proyecto se financiara con parte de los mil millones de dólares que Ecopetrol tenía en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP, Álvaro Uribe, el presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se negaron porque, según ellos, se afectaban las finanzas nacionales y se disparaba el gasto público; sin embargo, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo trasladó la plata del FAEP al presupuesto general de la nación seguramente para dilapidarla en clientelismo.
La Ley 1118 de 2006 aprobó la venta de acciones de Ecopetrol. Por ahora está en el mercado el 10%, de ellas. Esta decisión violó el Acta de Acuerdo que puso fin a la huelga de la USO de 2004, que garantizaba la propiedad estatal de la empresa, y que fue firmada por el ministro de Minas y el presidente de Ecopetrol con la Conferencia Episcopal como garante. La operación es por demás sospechosa: el actual presidente de la empresa, Javier Gutiérrez, ha prometido un rendimiento de 42% en el primer año, lo que solo es posible si las acciones están subvaloradas, como en efecto lo han denunciado los senadores Hugo Serrano y Jorge Robledo. Igual ocurrió con las de ISA.
El Gobierno dice que con esto busca la democratización de la propiedad de la empresa y su capitalización para nuevos proyectos, pretendiendo ocultar que se trata es de privatizar el patrimonio público más importante de los colombianos y maniobrar para que las multinacionales se sigan apropiando de la industria petrolera nacional, y que tan solo una ínfima parte de las acciones podrá ser comprada por el ciudadano corriente, pues el 10% vale 5.2 billones de pesos, lo que no está al alcance de cualquier persona. Tan es así que el otro 10% que tienen previsto vender en la segunda ronda, ya no será en el país sino en la bolsa de Nueva York.
Esconden, a sabiendas, que la manera democrática de manejar la riqueza petrolera no es otra que la nacionalización de los yacimientos, la refinación, la distribución y el transporte de los hidrocarburos, de tal manera que la renta sea manejada por el fisco nacional; lo demás es privatización y privilegios para la oligarquía y el imperialismo.Los trabajadores han resistido con valentía la violenta ofensiva de las multinacionales y el uribismo. Por momentos su lucha ha frenado la arremetida, pero se hace necesario juntarla con los demás pleitos populares y poder recobrar la soberanía sobre los hidrocarburos para ponerlos al servicio del desarrollo nacional y el bienestar de su población.
lunes, 15 de octubre de 2007
BOLETIN NUMERO 2
URGENTE
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES AGRARIAS Y POPULARES DE COLOMBIA
PRESENTA EL BALANCE DIARIO DE HECHOS VIOLATORIOS AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL REGIMEN URIBISTA EN CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, EN EL CONTEXTO DE LA MOVILIZACION NACIONAL AGRARIA Y POPULAR
HECHOS
10 de Octubre de 2007
Departamento del Tolima
En el municipio de Rovira, miembros del Ejército Nacional, en contravía de la decisión tomada por el consejo de seguridad el día anterior, pusieron tachuelas y grapas en el suelo tratando de impedir la movilización de carros hacia Ibagué, donde se esta realizando la concentración de las personas que se movilizan en el departamento. En el corregimiento de Gaitán del municipio de Rioblanco y en inmediaciones de Cajamarca, en las veredas la Colonia y San Lorenzo, la gente no ha podido salir hacia Ibagué, debido al bloqueo establecido por el ejército nacional.
En el Municipio de Planadas, concretamente en Santa Rita, cerca al departamento del Huila, las personas que iban a movilizarse no pudieron pasar y se les están presentando complicaciones para salir del casco urbano. En el mismo municipio fueron retenidos treinta buses por la Fuerza Pública que no los dejó ir hacia Ibagué, lugar de la concentración. Por otra parte, en el municipio de Puerto Colon, entre las Veredas de Santa Isabel y Venadillo, el ejército Nacional realizó una reunión con la empresa de transporte "Rápido Tolima" y le prohibió transportar la gente hacia Ibagué, entorpeciendo el desarrollo de la jornada.
Departamento del Cauca
En el municipio de Santander de Qulichao, corregimiento de Mondomo, cementerio del casco urbano, un grupo de ciudadanos campesinos, indígenas y afro descendientes fueron reprimidos, por Agentes de las Fuerzas especiales de contraguerrillas del ejército, de la Policia Militar y el ESMAD, quienes por aire (helicópteros) y tierra utilizaron Gases lacrimógenos, papas explosivas, ráfagas y disparos tiro a tiro de proyectil de goma y de fuego de arma larga.
Entre los heridos se encuentran el señor Evangelista Taquinas, el señor José Eduardo Tombe y Juan Guillermo Marin, conllevando la perdida de varios dedos de la mano, de los dos últimos, a causa de artefacto no convencional explosivo cargado con metralla de vidrios y aluminio, lanzado a través de mortero por integrantes de la Policía Militar en contra de la concentración de Campesinos. La afectación en la salud producto del sangrado durante aproximadamente tres horas al que se vio obligado con el accionar de fuerzas combinadas de ejercito y Policía que impidieron el acceso de la misión medica. La remisión al Hospital del Municipio de Santander de Quilichao y la remisión final al hospital departamental del Valle, en el Municipio de Santiago de Cali. De igual forma resultó herido con quemaduras de segundo grado y esquirlas en el cuerpo del señor Edgardo Muñoz.
La acción de las fuerzas combinadas de ejercito y Policía que en el traslado de heridos además de impedir el acceso de ambulancia en un lapso de aproximadamente tres horas en cuatro ocasiones, retuvieron a Victor Coicue, Eliver Cuetia y Jose Norvey Yule campesinos que acompañaron pacíficamente a los heridos hasta el lugar donde se encontraba la ambulancia a pesar de haber pactado una tregua y posteriormente dejados en libertad.
En las mismas circunstancias fueron retenidos y señalados los señores Samuel Ocue, Luis Enrique Castrillon y Amadeo Largo, quienes permanecen retenidos en el Municipio de Santander de Quilichao y se les abrió investigación por el presunto delito de terrorismo.
Los sitios de concentración de indefensos campesinos, indígenas y afro descendientes, pertenecientes a los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Jambalo, Toribio y Caldono, a la fecha y hora, se mantiene; al igual que el sobrevuelo del avión fantasma a baja altura sobre la concentración.
Departamento de Nariño
En la vía que conduce a Tumaco la Fuerza Pública no permite el paso de las personas que se dirigen a las concentraciones, adelantando requisas y estigmatizando a los manifestantes. En el municipio de Altaquer se encuentran 400 personas manifestando y fue detenido una chiva en la que se movilizaban 30 de los manifestantes, a quienes les fueron retenidos sus alimentos.
Por otra parte, en la ciudad de San Juan de Pasto, los estudiantes de la Universidad de Nariño realizaron una manifestación en contra de las políticas antigubernamentales del gobierno de Uribe Vélez. La manifestación de los estudiantes fue además una expresión de apoyo a la gran movilización nacional que se está desarrollando a partir del 10 de octubre. Poco tiempo después de que se iniciará la manifestación, a eso de las 11:00 a.m., la fuerza pública se tomó las instalaciones de la universidad y comenzó a reprimir a los estudiantes. 2 Tanquetas, 200 ESMAD, 4 escuadrones y Fuerza pública
de civil atropelló a varias personas que no tenían que ver con la manifestación. Además de ellos, el estudiante Elder Flavio Guerrero Vallejo, estudiante de primer semestre de Ingeniería Acuícola, perdió totalmente la visión de su ojo
izquierdo y fue trasladado a la ciudad de Cali para verificar su estado de salud. Ésta ilegalidad tiene autoría propia
del Escuadrón Móvil Antidisturbios, pues fue uno de sus integrantes
quien propició con el tluflai –gas lacrimógeno- la lesión. Otros estudiantes y miembros de la comunidad resultaron heridos en la cara, brazos y piernas; de la misma forma los integrantes de la red de derechos humanos del sur occidente colombiano "Francisco Isaías Cifuentes", al averiguar por lo que estaba pasando, fueron maltratados por la fuerza pública.
Por otra parte, los campesinos de las veredas que quedan en las riveras de los ríos Nulpe y Mataje que se trasladaban hasta San Lorenzo Ecuador, fueron obligados a retornar debido a que la policía ecuatoriana los empezó a devolver a la vereda que Labores, ubicada en el Ecuador, a unos 3 Km. de la frontera. Los campesinos que
decidieron movilizarse en esta región del departamento, son aproximadamente unos seis mil.
En la Guayacana, aproximadamente 300 campesinos se ubicaron sobre las vías de Pasto a Tumaco, los cuales improvisaron cambuches para quedarse sobre la vía durante los días previstos para la movilización.
Departamento del Putumayo
En el municipio de Orito, en zona de frontera con la fontera con la provincia de Sucumbios, Ecuador. Miles de campesinos se han movilizado desde hace más de dos semanas con el fin protestar contra la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. Durante todo el día 10 de octubre, tanto el gobernador del departamento como la fuerza pública afirmaron ante los medios de comunicación que "La insurgencia estaba obligando a los campesinos para que se movilizaran hacia la frontera". Estos señalamientos ponen en grave peligro la vida de los manifestantes, ya que desde finales del mes de septiembre el ejército ha arremetido contra ellos, lo cual ya ha dejado un saldo de 15 personas heridas, tres de ellas de mucha gravedad. Fue precisamente allí, donde la semana pasada, el ejército y la policía dispararon contra humildes campesinos resultando mas de 10 heridos. Como si no fuera poco con la represión desatada contra los campesinos, el consejero presidencial para la acción social LUIS ALFONSO HOYOS afirmó que "Son las FARC quienes le están diciendo a los campesinos que se opongan a la erradicación", poniendo en alto riesgo la vida y la integridad física de los campesinos organizados de estas regiones.
Ante tan peligrosas afirmaciones, responsabilizamos al gobierno nacional y al doctor LUIS ALFONSO HOYOS en particular, por las consecuencias que sus calumniosas afirmaciones puedan traer a la vida e integridad física de los lideres de las organizaciones campesinas.
Departamento de Caquetá
En el departamento de Caquetá, municipio de Cartagena del Chaira, fue detenido el líder agrario y dirigente comunal ISAAC LOPEZ LOPEZ, por miembros de la Fiscalia 10 de Florencia, mientras se dirigía a Florencia para participar en la movilización agraria obrera y popular. Isaac es aspirante a la alcaldía de Cartagena del Chaira por el Polo Democrático Alternativo y reconocido dirigente agrario y líder comunal.
LA RESPUESTA DEL ESTADO A LA JORNADA NACIONAL DE PROTESTA EJERCIDA DESDE DIFERENTES SECTORES SOCIALES EN EL SOBERANO EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, HA SIDO EL TRATAMIENTO MILITAR, EL SEÑALAMIENTO, LA JUDICIALIZACIÓN, LAS AGRESIONES FÍSICAS EN EL MAS FLAGRANTE NEGACION Y DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL ESTADO DE SU RESPONSABILIDAD ANTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE SER EL GARANTE DEL CUMPLIMIENTO Y RESPETO EFECTIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. PARA ELLO SE HA VALIDO DE LAS FALSAS Y MALINTENCIONADAS DECLARACIONES A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES, DE INTEGRANTES DE LAS FUERZAS MILITARES, DE POLICÍA Y DE AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL QUE AFIRMAN DE MANERA IRRESPONSABLE QUE LA JORNADA ES AUSPICIADA POR LA INSURGENCIA COLOMBIANA DE LAS FARC-EP; PROPICIANDO Y AMBIENTANDO LA REPRESIÓN Y EL TRATAMIENTO A UNA JORNADA DE EXPRESIÓN SOCIAL COMO SI FUESE UNA ACCIÓN MILITAR.
DENUNCIAMOS EL CARÁCTER ANTIDEMOCRÁTICO DE ESTE GOBIERNO, SUS REPRESENTANTES E INSTITUCIONES, Y LO HACEMOS DIRECTO RESPONSABLE DE LA CRISIS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS QUE SE HA DESENCADENADO EN EL MARCO DE LA MOVILIZACION NACIONAL AGRARIA Y POPULAR.
11 de octubre de 2007
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA COORDINACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES AGRARIAS Y POPULARES DE COLOMBIA
DESALOJADOS VIOLENTAMENTE CAMPESINOS DE LA CATEDRAL DE CALI
Agencia de Noticias del Sur
ACSUR
Colombia
América del Sur
12 de octubre de 2007
ACSUR
Colombia
América del Sur
12 de octubre de 2007
Mientras realizaban una Ocupación Pacífica en Solidaridad con la Movilización Nacional Agraria y Popular
DESALOJADOS VIOLENTAMENTE CAMPESINOS DE LA CATEDRAL DE CALI
En la mañana de hoy, siendo aproximadamente las 9 a.m., cerca de 90 manifestantes entre campesinos y estudiantes que se encontraban realizando una ocupación pacífica en la Catedral de Cali, ubicada sobre la Calle 5 con Carrera 11, en el departamento del Valle, fueron desalojados violentamente por parte de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD y de la Policía Militar, quienes irrumpieron con gases lacrimógenos en el sitio de ocupación agrediendo brutalmente a los manifestantes. Hasta el momento, se tiene conocimiento de la existencia de varias personas lesionadas y de una persona detenida.
Esta ocupación, que tuvo una duración aproximada de una hora, se encuentra enmarcada en la jornada nacional de Movilización Agraria y Popular en el país y tenía como objetivo manifestar su solidaridad con las comunidades movilizadas en el Nororiente Caucano, quienes en el día de ayer fueron brutalmente agredidas por el ejercito en el sitio donde se encontraban concentradas.
Los manifestantes que se encontraban en la catedral de Cali, exigían el respeto por la vida y la integridad de las personas que en estos instantes continuan en zona del Nororiente Caucano a la espera de la llegada de una comisión de verificación, integrada por miembros de la Procuraduria y la Defensoría Departamental, para que reconozcan los daños ocasionados por la violenta irrupción de las fuerzas militares y los feroces atropellos cometidos contra la población en el día de ayer.
Pendientes del desarrollo de esta importante información, estaremos en contacto.
ACSUR
Agencia de Comunicaciones del Sur
Corresponsalía Valle
Las “FARC” se enfrentan a piedra y garrote contra las fuerza...
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ImprimirPopayán, Cauca, Colombia 12 de octubre de 2.007 COMUNICADO DE PRENSA Nº 4 La desinformación orquestada por el totalitarismo de Álvaro Uribe, diseñada y ejecutada por doblegados medios de comunicación, plantea una infiltración de la guerrilla en la movilización agraria y popular, las víctimas son mostrados como victimarios y la protesta pacífica de personas indefensas se muestra ante la opinión pública como confrontación armada. La represión y el terrorismo de Estado busca ahora justificar la crueldad y la brutalidad de la seguridad democrática. Fuerzas armadas de represión contra el pueblo, bajo las ordenes de Álvaro Uribe, utilizando armas convencionales y no convencionales: fusiles, pistolas, bombas de gas compuestas por metralla de vidrio y hierro y bombas explosivas compuestas por metralla de aluminio, se ensañan en destrozar las manos y piernas de los campesinos mestizos, indígenas y afro descendientes; practican tácticas de guerra contra los indefensos, usan francotiradores y ametrallamientos indiscriminados; todo esto con el respaldo de consejos de seguridad y las gobernaciones departamentales, pasando por la omisión de los organismos de control que se hacen los sordos ante la crueldad justificada por los medios a través de la tergiversación de la información. El pueblo colombiano exige la renuncia del presidente Uribe por ilegitimo e ilegal, sin que ningún medio de comunicación exprese las verdaderas razones de la protesta. Los agentes de la desinformación no tienen el coraje de los campesinos mestizos, indígenas y afro descendientes, para cuestionar el régimen y soportar la arremetida de la represión. El taponamiento de la entrada al puerto de Buenaventura, las acciones de protesta pacífica en la ciudad de Santiago de Cali, las concentraciones populares en el kilometro 7 vía al mar en las afueras de Cali, la movilización del norte del cauca, la marcha campesina y estudiantil del sur del Cauca, las protestas en Popayána frontera con el ecuador, las protestas en San Juan de Pasto y en la Guayacana sobre la vía Pasto-Tumaco entre otras acciones de heroica protesta en el suroccidente colombiano; y que se desarrollan en el marco de la movilización nacional agraria y popular convocada por la Coordinación Nacional Agraria y Popular de Colombia; son actos pacíficos pero firmes de campesinos, indígena, afrodescendientes, estudiantes, viviendistas, profesores, obreros y en general colombianos dignos. ¿Acaso las FARC-EP, no combaten por la vía armada a diario las fuerzas del régimen en todo el territorio nacional? ¿Acaso, las FARC-EP renuncian a las armas? ¿Acaso, hay heridos de fusil en las filas de las fuerzas represoras producto de los hostigamientos? Para ninguna persona con mediana inteligencia es concebible que las FARC-EP decidan defenderse a piedra y garrote de una arremetida armada de las fuerzas especiales del ejército y la policía como lo vienen declarando funcionarios del Estado y los medios de comunicación ventrílocuos de los mismos. Los medios de comunicación y los funcionarios del Estado que se han encargado de propiciar el escenario para dejar a las comunidades en situación de riesgo al señalarlos como guerrilleros son responsables de cualquier situación que sobre la vida de los movilizados pueda ocurrir. A esto se suma la tímida respuesta de los representantes de la comunidad internacional y máximos veedores de la responsabilidad de los Estados frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los organismos institucionales de promoción y prevención de los Derechos Humanos supuestos salvaguardas de los Derechos Fundamentales de los Colombianos. Comunidades campesinas y populares movilizadas nacionalmente y que superan las 80000 personas, dan ejemplo al mundo de dignidad, reafirman la grandeza y la firmeza de un pueblo que no se esclaviza en la infamia. Por la renuncia de Alvaro Uribe Vélez. Por la defensa del territorio y la soberanía nacional. Por el derecho de autodeterminación de los pueblos. Contra las políticas estatales de aniquilamiento de la economía campesina e indígena. Por el acuerdo humanitario. Por un gobierno democrático de amplia participación popular. Contra el Tratado de Libre Comercio y las multinacionales. Proceso de Unidad Popular del Sur occidente Colombiano Comisión de Comunicaciones del PUPSOC |
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